España va a lo suyo, y no pierde tiempo. El viaje de Fernández de la Vega primera vice presidenta del gobierno español a Costa Rica tenía como objetivo principal reiniciar el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, suspendido a raíz del golpe de estado en Honduras. “Una de nuestras prioridades es la conclusión de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación y tenemos un especial interés en que este proceso concluya cuanto antes y que pueda ser firmado para la cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe que se celebrará en España durante el primer semestre del próximo año", afirmó Fernández de la Vega al concluir su visita y luego de reunirse con empresarios españoles en la región.
Esto pone a España en un conflicto de intereses. Su cancillería condena el golpe en Honduras y llama el retorno de Zelaya al poder, pero por otro lado, las empresas trasnacionales españolas presionan a su gobierno para gestionar la reanudación de las negociaciones independientemente si la situación de Honduras se soluciona o no. Es un conflicto importante, porque España necesita verse como aliada de la democracia latinoamericana, impulsora del diálogo político y como un buen socio en el tema de la cooperación. Pero también necesita que el Acuerdo se concrete por el significado que tiene para la reactivación económica de ese país y por los intereses de los grandes capitales ya invertidos en la región. En este punto es importante recordar que España asumirá la presidencia de la Unión Europea el próximo año y requiere presentarse como abanderada de ambas aspiraciones. Oscar Arias propuso que el proceso continuará sin Honduras, y que esté país se adhiriera al acuerdo al final del proceso.
Pero con está actitud lo que demuestra España es todo lo contrario. Si el problema del golpe de Estado en Honduras pasa a un segundo plano, pone en evidencia que el diálogo político - presentado como algo novedoso en este acuerdo - estará supeditado a los intereses económicos de las grandes empresas, lo cual no tiene nada de novedoso, sino más bien ratifica la regla. Y para el caso, es legitimar el golpe de Estado, aunque se diga lo contrario.
La ruptura democrática es un escollo que entrampó la negociación, justo en la recta final del proceso. Poner en segundo plano este hecho, significa que el diálogo político desde ahora nace sin contenido, hueco de toda sustancia y útil nada más para engañar a la opinión pública. Más claro ni el agua, dice el refran popular. Como conclusión, afirmamos que el ADA se construye en función del interés empresarial que prevalece por encima de las aspiraciones de los pueblos.
